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La Policía Federal y sus métodos de “ayuda”

13 febrero 2018 | en Adriana Varillas | Comentarios Desactivados en La Policía Federal y sus métodos de “ayuda”

 

Un supuesto operativo de la Policía Federal para combatir la trata de personas en Cancún, dejó al descubierto una serie de anomalías que van desde los riesgos ante la nula regulación de la plataforma Airbnb, hasta las probables violaciones a los derechos humanos cometidas durante la incursión de los agentes federales, en agravio de quienes, supuestamente, rentaron una casa para vacacionar.

 

El domicilio fue rentado a través de la plataforma digital, por jóvenes provenientes de tres estados de la República distintos, entre el 10 y el 26 de enero pasado, durante 15 días y, en otros casos, un mes.

 

Las chicas hicieron su reservación y entablaron amistad al coincidir en el domicilio y después de convivir y salir de paseo. Una de ellas se hizo novia de un joven cancunenses y otra se reunió aquí con un chico que conoció en tinder.

 

Hasta ahí todo iba bien, pero la noche del 02 de febrero, agentes federales, uniformados y vestidos de civil entraron a la casa, movidos por la denuncia de una de las jóvenes, quien acusó que ahí operaba una red de trata de personas de la cual formaban parte como víctimas o victimarias, lo cual nunca quedó claro.

 

El joven que conocieron aquí, fue detenido por supuesta portación de drogas y acusado de delitos contra la salud. En el operativo estuvieron presentes altos funcionarios locales de la Policía Federal y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, todo, de acuerdo con notas periodísticas, porque la versión oficial sigue siendo inexistente, 11 días después.

 

El problema es que el sábado pasado, las chicas que rentaron el inmueble, denunciaron que durante el presunto operativo, los policías federales allanaron la casa sin una orden de cateo; después, aunque las consideraban víctimas, las trataban como criminales; luego, las amenazaron con acusarlas de cómplices de la supuesta red de trata.

 

El asunto fue a más. Según la versión de las jóvenes, que obra en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Quintana Roo, los federales las insultaron, procedieron de forma intimidante, las obligaron a permanecer semidesnudas, omitieron identificarse, llamaron a los medios de comunicación para exponerlas mediáticamente y de paso, les robaron joyas, dinero en efectivo, cosméticos y ropa de diseñador.

 

Al final, si eran parte de la supuesta red, no las detuvieron y si eran víctimas, tampoco las asistieron, canalizándolas con personal de la Comisión de Atención a Víctimas o con alguna autoridad o institución que pudiera apoyarlas emocional y legalmente.

 

El resultado, un desastre, plagado de abusos y opacidades que confirman que la autoridad es capaz de proceder no sólo de forma ilegal, sino con total impunidad.

 

El asunto, que no es para nada menor, no ha merecido una sola postura por parte de la Policía Federal, ni siquiera para refutar los señalamientos de las jóvenes agraviadas, cuya versión tiene sus propios bemoles.

 

Las dudas surgen en cuanto a quién o quiénes responderán por lo que pareciera un total atropello? Y no sólo eso.

 

También hay quienes se preguntan cuánto más esperará el gobierno estatal y municipal para regular la operación de Airbnb y de plataformas de ese tipo, no sólo para sacarles dinero mediante un impuesto, sino para reglamentar su operación y obligar a que se garantice la seguridad, tanto de quien renta como de quien arrenda, porque lo ocurrido, ya es un fuerte llamado de alerta.

 

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