Por Adriana Varillas
Con 32 años de edad y boda en puerta, el camarógrafo, Javier Rodríguez Valladares fue asesinado el 29 de agosto pasado, en la Supermanzana 29, en la ciudad de Cancún.
Alrededor de su homicidio todo parece confuso y obscuro. Oficialmente se sabe que se encontraba junto con otra persona, alrededor de las 17.30 horas, en la calle de Playa Caleta, cuando ambos fueron asesinados.
Reporteros que cubren la fuente policiaca dieron la noticia, sin saber que una de las víctimas era uno de sus colegas.
Al confirmarse que era Javier, el dato estremeció al gremio periodístico y la versión preliminar de la Fiscalía, indignó a la sociedad en general, al descartar que el homicidio estuviese ligado al trabajo periodístico de Javier, sólo porque no llevaba su uniforme, ni estaba en horas de trabajo.
Incluso, desde el oficialismo se mencionó con insistencia que el joven se dedicaba también a la compra-venta de autos y que su acompañante era objeto de investigación desde hace años. La insinuación era obvia.
Tres días después, el fiscal general, Miguel Ángel Pech Cen, informó que el probable responsable del doble crimen había sido detenido.
Cuestionado sobre la celeridad de la detención, el funcionario respondió con sarcasmo y al preguntarle si Alfredo N -el imputado- era un “chivo expiatorio”, lo negó.
El domingo pasado se difundió un video en el que se observa que Alfredo está dentro de un local cercano a la escena del crimen, al momento en que Javier y la otra persona fueron asesinados. Había ahí al menos cuatro personas que atestiguaron que él no disparó, pero no rindieron declaración.
Durante la audiencia de imputación del delito, se presentaron tres versiones distintas que se adjudican a un reportero, quien aparece como testigo en contra del acusado, según su esposa, quien afirma que todo es un montaje para calmar la exigencia de destituir al fiscal.
El tema descolocó al Congreso del estado que, semanas atrás, salió en defensa del fiscal. Ahora, la versión pública es que analizan su destitución.
Su destino quizá se defina a días de que el gobernador rinda su segundo informe de gobierno, el próximo sábado. Tal vez, después.
Sea cual sea el final, lo que está claro es que la ineptitud ante la avanzada de la delincuencia y la violencia, no es privativa de la Fiscalía, sino alcanza a la policía municipal y estatal, a cargo de la prevención y de la seguridad en la ciudad y en el estado.
En el aro entra el ayuntamiento, con gastos millonarios para alumbrar una ciudad que sigue a obscuras, con parques abandonados, lotes baldíos y riesgosos; con autoridades rebasadas, pero bien resguardadas en camionetas blindadas, con escoltas y costosos sistemas de vigilancia.
Ellos dicen que Javier estaba en el lugar y a la hora equivocadas. Mas bien, estaba en Cancún, una ciudad que se ha vuelto equivocada, con autoridades a todos los niveles, también equivocadas.
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