Por Adriana Varillas
El nueve de noviembre pasado, en Felipe Carrillo Puerto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que consultaría con los pueblos originarios de la Península de Yucatán, si están o no de acuerdo con la construcción del Tren Maya, obra de 120 mil millones de pesos, que abarca un tren y la instalación de estaciones en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, lo que incluye la creación de nuevos centros de población y desarrollos inmobiliarios, que nunca menciona.
López Obrador argumentó que no deseaba arriesgarse a que, una vez iniciado el proyecto, sobrevinieran los amparos y la obra fuese frenada.
Habrá que aclarar que la ley lo obliga a realizar una Consulta Indígena, no bajo los términos que él decida, ni bajo las consideraciones que su gabinete ponga en la mesa.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece que la consulta debe ser “previa, libre e informada”, o sea, realizada durante el diseño del proyecto, sin coacciones ni manipulaciones y aportando no sólo los supuestos beneficios, sino los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que pudiera tener la obra.
Para el gobierno de la 4T, con el Tren Maya habrá desarrollo social, integral y equitativo; insertará a las comunidades en las cadenas productivas; aumentará la conectividad digital, respetará y promoverá las tradiciones y expresiones de los pueblos originarios; contará con procesos de planeación ciudadana, preservará el medio ambiente, garantizará la movilidad de comunidades y será una oportunidad para saldar la deuda histórica con el sureste del país.
Para diversos académicos, investigadores, organizaciones civiles, numerosos ejidatarios y colectivos de campesinos e indígenas, el Tren Maya es un “proyecto de muerte”, de carácter neoliberal, que busca imponerles un modelo de desarrollo masivo, que no sólo afectará sus recursos naturales, sino que agudizará la problemática socioambiental de la región, aumentando la presión sobre los ecosistemas, especialmente sobre el agua. Es, una obra que atraerá más turistas, pero más basura, mas aguas residuales, más desorden y más inseguridad.
La consulta indígena será vinculante, es decir, con peso jurídico legal; será organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y durará del 15 de noviembre al 15 de diciembre.
Se aplicará en 3 mil 425 comunidades indígenas mayas, tsotsiles y otras, mediante 15 asambleas regionales informativas el 29 y 30 de noviembre y, consultivas, el 14 y 15 de diciembre. Este último día será cuando se vote sobre el tema.
Cualquier autoridad, organización o miembro de la academia que haya participado en consultas públicas -ya no digamos indígenas, cuya dificultad es mayor- sabe que el tiempo para analizar la información que se ponga a disposición de la gente, es muy corto y que estos ejercicios no son sencillos, ni rápidos.
Ojalá esta consulta no sea la misma simulación de la que se ha quejado el propio López Obrador, al referirse a gobierno pasados que fingían preguntarle a la gente para cumplir con el requisito, cuando la decisión ya estaba tomada.
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