Después de dos semanas de tensiones, el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, accedió a cancelar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que generó el inicio de una controversia constitucional por parte de la Semarnat, una fuerte fricción con el gobierno de Quintana Roo y un traspié en el proceso de elaboración del Programa de Manejo del área natural protegida de Yum Balam.
El tres en uno del municipio, dirigido por el alcalde, Emilio Jiménez Ancona, fue atajado con la firma de un convenio de colaboración, signado con el gobierno estatal el 27 de abril pasado, mediante el cual el edil se compromete a cancelar el PDU que definía a Isla Grande, en Holbox, como un centro de población, dentro de Yum Balam, lo cual está prohibido por la legislación ambiental.
El acuerdo firmado por el gobierno del estado y el municipio, fija un plazo de 45 días naturales para que, una vez que el Cabildo cancele el PDU, se elabore uno nuevo, con asesoría de la Sedetus, que incluya las voces de la sociedad civil organizada.
El gobierno estatal acordó convocar a la Comisión Nacional de Àreas Naturales Protegidas (Conanp) para que vuelva a la mesa de trabajo del Consejo Asesor de Yum Balam, de la cual se retiró el 23 de abril, por la expedición unilateral del PDU.
El asunto pareciera resuelto, excepto porque la sesión de Cabildo para cancelar el PDU sigue sin programarse. Tampoco se ha mencionado que, antes de sacar el nuevo instrumento de planeación urbana, tendría que haberse elaborado el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) del municipio, que no existe.
Otro pendiente, que corresponde al Programa de Manejo de Yum Balam, es la llamada “tercería”, una empresa internacional que fungirá como árbitro, entre los futuros deseables para Isla Grande.
La empresa cobrará medio millón de dólares que serán aportados por los dueños de las tierras en Isla Grande, de acuerdo con el director de la Fundación Pedro y Elena, Alberto Labastida, quien declaró que el organismo se encargará de congelar los fondos. La compañía tiene tres meses para elaborar el nuevo modelo de desarrollo turístico sustentable de la zona.
La figura de “tercería” para la elaboración de Programas de Manejo, no existe en la legislación ambiental, pero forma parte de un acuerdo de entendimiento firmado por el Consejo Asesor, que de todos modos podría ser impugnado.
Ante todos los tropiezos y suspicacias, se lanzó una solicitud digital para exhortar al presidente, Enrique Peña Nieto, a publicar el anteproyecto de Programa de Manejo que fue frenado a finales de 2016.
En lo que se deciden, la federación tiene 30 días, a partir del 13 de abril pasado en que se publicó el PDU, para presentar la Controversia Constitucional, que se supone que inició.
La elaboración del Programa de Manejo lleva más de 20 años y la pregunta sigue en el aire: ¿En qué y cómo terminará la historia?
