La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo se instaló ayer sin reglamento y sin lineamientos, es decir, sin reglas para operar; sin que esté conformado el comité asesor y sin que esté completa su Junta de Gobierno, pues aún falta que se nombre a los tres representantes ciudadanos que deben integrar ese órgano deliberativo.
Y pudo ser peor, porque bajo esas condiciones, el 26 de julio pasado el organismo estaba listo para autorizar la donación de predios al municipio de Puerto Morelos, además de afectar un predio de 20 mil metros cuadrados en la reserva territorial en el municipio de Benito Juárez.
También se pretendía autorizar la adquisición de un predio de 26 mil 300 metros cuadrados, mediante un contrato de permuta, para destinarlo como acceso al recinto fiscalizado en el municipio de Othon P. Blanco.
La Secretaría de la Contraloría del estado frenó la sesión y observó que ésta no podía realizarse bajo esos términos, de acuerdo con declaraciones hechas por su titular, Rafael del Pozo.
De este modo, se convocó a una nueva sesión, la cual se desarrolló ayer, sólo para autorizar la estructura misma de la Agencia y la revocación de poderes que poseía el extinto IPAE.
El Instituto, al desaparecer, transferirá sus facultades jurídicas e inmobiliarias a la Agencia, que tendrá además la competencia para diseñar y ejecutar nuevos proyectos, principalmente de infraestructura, bajo la figura de las asociaciones público-privadas.
¿Cuál era la prisa por autorizar donaciones, enajenaciones y demás movimientos de terrenos del patrimonio de Quintana Roo, sin tener cubiertos todos los requisitos de operación de la Agencia?
Otro problema que se agudiza es la situación del titular de la Agencia.
Resulta que además de enfrentar una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos en la administración pública, Eduardo Ortiz Jasso tiene otra inhabilitación encima, por un año.
La primer sanción de la Contraloría municipal, que data de marzo de 2014, es combatida por Ortiz Jasso ante la Sala Constitucional y Administrativa, a través de un recurso de nulidad, que aún no se resuelve.
La segunda inhabilitación ocurrió en 2015 de acuerdo con el expediente 75/2014 y es combatida mediante un recurso de revocación que debe resolver, en esa instancia, el alcalde, Remberto Estrada.
El dato fue confirmado por la Secretaría General del ayuntamiento de Benito Juárez, que informó que la inhabilitación se impuso por presuntas inconsistencias en el proceso de entrega-recepción del Implan.
Estando el tema como está, lo increíble es que el arquitecto no haya notificado de este segundo procedimiento al gobierno estatal.
Ayer, el contralor del estado declaró que ignoraba de esta segunda sanción y el propio Ortiz Jasso eludió responder si lo había informado o no a la administración de Carlos Joaquín.
De este modo, el tema que rodea a la Agencia ha resultado toda una Caja de Pandora, con sorpresas poco gratas, que bien pudieron evitarse con más transparencia institucional y mayor honestidad personal.
