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Quintana Roo es uno de los tres estados del sureste mexicano con mayores tasas de deforestación en México, de acuerdo con reportes de organizaciones nacionales e internacionales.
Ciudades como Cancún, registran un déficit de áreas verdes, con dos metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que deben ser entre nueve y 11 metros cuadrados.
Los rayos solares son más intensos y la temperatura cada vez mayor; aumentan los periodos de sequía y aunque no se esté expuesto directamente al sol, sus rayos se refractan en el pavimento, afectando silenciosamente nuestra piel.
Con todo y eso, nos damos el lujo de talar, no uno, sino poco más de 500 árboles en la carretera federal que va de Cancún a Tulum, de un día a otro, sin que nadie haya visto, sin que nadie se diera cuenta, sin que ninguna autoridad se haga responsable, sin encontrar a los culpables y menos aún, sin castigo.
La semana pasada organizaciones civiles notificaron lo sucedido, encendiendo la indignación ciudadana, que motivó a su vez que el ayuntamiento de Solidaridad y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presentaran una denuncia ante la Profepa, que acudió al sitio, lo mismo que la Procuraduría Estatal Ambiental (PPAQROO).
Estos 500 árboles formaban parte de un enorme esfuerzo ciudadano y la inversión de energía, tiempo, recursos humanos y materiales que nació hace tres años y a la cual se sumaron los ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, hoteleros y autoridades como la Semarnat, la Conafor y otros, para reforestar los camellones ubicados en el corredor Cancún-Tulum.
De diciembre de 2015 a abril de 2018, en ese tramo se logró reforestar con más de 15 mil árboles de diferentes especies, entre donados, rescatados y sembrados en el vivero de uno de los grupos promotores de la iniciativa.
Entre las especies taladas había cedros, ceibas, chacas, ciricotes y otros.
Diversas organizaciones condenaron la “tala irracional, clandestina e injustificada” del arbolado sembrado y exigieron que el crimen ambiental, no quede impune.
La historia nos ha enseñado que generalmente, no hay castigo. Años atrás, la SCT taló centenas de árboles sobre la avenida López Portillo como parte del proyecto de remodelación de dicha arteria vial.
El ayuntamiento de Benito Juárez, a cargo de Paul Carrillo y la Secretaría de Infraestructura del gobierno del entonces gobernador, Roberto Borge, procedieron igual, pese a protestas y manifestaciones civiles, talando centenas de árboles, amparado en un “rescate” de la avenida Tulum, que sólo sirvió para perjudicar a todos, lo mismo a los comerciantes, que a los turistas y a los residentes.
Nada pasó. En el caso reciente se especula que los responsables son una empresa que coloca espectaculares, pero no es oficial. Veremos si proceden las autoridades de los tres órdenes de gobierno o si se tiran la bolita mientras los culpables la vuelven a hacer.
