A finales de mayo pasado el Congreso del estado le aprobó al gobernador, Carlos Joaquín González, la firma de uno o varios contratos de arrendamiento puro de equipamiento y tecnología en materia de seguridad pública, como parte del proyecto “Quintana Roo Seguro”.
El contrato o contratos, serán firmados a través de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, por un monto autorizado de 2 mil 900 millones de pesos, durante un período de 51 meses, es decir, prácticamente lo que dura la actual administración.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) debe asignar los recursos a través del Presupuesto de Egresos, para realizar los pagos plurianuales correspondientes a dicho contrato, en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado.
El Congreso también le aprobó al mandatario estatal, manga ancha para utilizar “cualquier instrumento legal necesario” para cumplir el pago de los compromisos contraídos, sin precisar a qué mecanismos o instrumentos legales se refieren.
En el decreto aprobado como tal y publicado en el Periódico Oficial del estado, tampoco se especifica qué tipo de equipo tecnológico de seguridad pública se va a rentar, la cantidad o su antigüedad.
Seguramente vendrá especificado en la licitación pública, porque uno pensaría que la contratación para el “arrendamiento puro” de equipo y tecnología, se someterá a concurso.
La contratación de arrendamiento fue aprobada por la actual Legislatura, de acuerdo con el llamado decreto 249, que entra en vigor este martes y el cual, sin duda, dará mucho de qué hablar durante el sexenio.
De entrada, llamó la atención de organizaciones civiles como Somos Tus Ojos, que cuestionaron el momento en que el tema fue discutido y aprobado por el Congreso local, justo en medio del revuelo que causó la aprobación del la Ley de Movilidad y las protestas de taxistas ante la puerta abierta a las plataformas digitales tipo Uber.
Además de las críticas, también surgió la duda de si este “arrendamiento” se trata mas bien de una nueva deuda, de acuerdo con los preceptos y definiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios.
El gobierno estatal dice que no, pero el Observatorio Legislativo puso el tema en la mesa, señalando que, conforme al artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera, todo arrendamiento es considerado un financiamiento (fracción XI) y cualquier financiamiento es deuda pública (fracción VII).
Otro dato importante es que, pese a las recientes reformas a la Ley local de Adquisiciones, la contratación para el arrendamiento de equipo y tecnología podría prescindir de licitación, pero conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Disciplina Financiera, tendrá que haber licitación pública.
Ojalá prevalezca en el tema, la mayor transparencia y en todo el proceso, la claridad que amerita el manejo del presupuesto asignado al tema, sobre todo tratándose de la seguridad y la paz, principal demanda en la entidad.
